El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Luciano Chincarini, salió al cruce de la denuncia penal presentada por la concejal Ana González contra cinco secretarios municipales por presuntas contrataciones directas irregulares por $2.700 millones. En diálogo con LA GACETA, el funcionario calificó la presentación como una maniobra política y reveló que la propia denunciante fue separada de la administración municipal por el faltante de una camioneta.
"Antes que nada, decir que es obvio y se cae de maduro que se adelantan los tiempos electorales", comenzó Chincarini y expuso: "González fue una persona que por nuestra gestión en el año 2024 fue separada del municipio y fue corrida porque no aparece todavía el día de hoy una camioneta que estaba a su cargo cuando era directora de deportes. Esa camioneta que tenía a su cargo nunca apareció".
Según detalló el funcionario, la concejal fue funcionaria de Germán Alfaro durante 8 años y también de Domingo Amaya, sumando más de 14 años en la administración municipal. "Hasta que en el año 2023 ganamos nosotros, el peronismo gana y recupera la capital, y desarrollamos una investigación del patrimonio del municipio que nosotros recibimos. Ahí detecta el contador general del municipio, el contador Marcelo Albaca, el faltante de esta camioneta, y un grave incumplimiento también por parte de la actual concejal a la ordenanza de contabilidad: durante tres años no presentó los informes patrimoniales del área que tenía a su cargo, y un grave faltante de una camioneta 4x4", afirmó.
Defensa de las contrataciones
"Nosotros creemos que la denuncia no tiene ningún tipo de sustento ni cuerpo como para que pueda avanzar, porque nosotros pasamos todos los controles legales, tanto contables, administrativos, como la fiscalía que ve la parte jurídica. No hay ningún atajo. No se violó de ninguna manera la ordenanza de contabilidad", aseguró.
El funcionario destacó que los servicios cuestionados ya están siendo licitados. "Lo que en ese momento del año pasado era una contratación directa, hoy ya son licitaciones, para que veas que ese proceso fue avanzando. Nosotros, en la medida que vaya avanzando el proceso, lo vamos normalizando", explicó.
Además, recordó que la ciudad está en emergencia ambiental. "El mantenimiento de los espacios verdes está incluido en el inciso 5 de la ordenanza votada por ella misma. O sea, en un momento dice 'Sí, estamos de acuerdo', levantó la mano. Pero ahora ya no hay emergencia ambiental. ¿En qué quedamos?", cuestionó.
Asimismo, defendió a las cooperativas contratadas: "Todas venían prestando servicio en el municipio durante la gestión de ella y de Alfaro. Ella también, como directora de deportes, contrataba cooperativas. Son cooperativas que tienen su antigüedad. No hay que demonizar a la empresa cooperativa. Son empresas de un capital social y son de fundamental importancia, más en el momento que está viviendo el país".
Finalmente, el secretario de Servicios Públicos se puso a disposición de la Justicia y reivindicó la transparencia de su gestión. "Esto es algo muy burdo, porque los expedientes están todos, está la documentación. Nos quedamos totalmente a disposición de lo que la Justicia así defina. Servicios Públicos tiene normas ISO 9001 en el cumplimiento justamente del verde. Todo lo que tiene que ver con el control, desde que se inicia un expediente hasta que se brinda el servicio, está certificado por normas ISO 9001 desde marzo de este año", concluyó.